Francia enfrenta una crisis social y presupuestaria después de que las protestas iniciadas por estudiantes en Créteil se extendieran por todo el país. El 17 de octubre, unas 550,000 personas participaron en movilizaciones contra las deficiencias de la educación pública, el aumento del costo de la vida y la presión sobre los servicios públicos; la jornada también dejó disturbios, saqueos y cerca de 2,400 detenidos.

El movimiento comenzó el 18 de septiembre en la academia de Créteil, en las afueras de París, con reclamos por la falta de profesores, los grupos saturados, el deterioro de los edificios y las altas temperaturas dentro de las aulas durante las olas de calor. Para el 5 de octubre, entre 400 y 500 escuelas permanecían cerradas y 24 habían sido quemadas o saqueadas.

Una protesta escolar que sumó nuevas demandas

La movilización dejó de ser exclusivamente estudiantil cuando sindicatos, agricultores afectados por el costo del combustible y activistas climáticos se incorporaron a las marchas. Las demandas se ampliaron hacia los salarios, el encarecimiento de la vida, las pensiones, los servicios públicos y el impacto de los precios de la energía.

La jornada del 17 de octubre ocurrió pocos días antes de la fecha prevista para votar el presupuesto de 2027. La magnitud de las movilizaciones y los episodios de violencia aumentaron la presión sobre el gobierno de Sébastien Lecornu, que enfrenta una Asamblea Nacional dividida y dificultades para aprobar un plan de ajuste.

El límite de las finanzas públicas

El gasto público francés equivale a 57.3% del producto interno bruto, mientras que la recaudación de impuestos y contribuciones sociales alcanzó 45.6% del PIB en 2023. A pesar de esa elevada carga fiscal, Francia cerró 2025 con un déficit de 5.1% y una deuda cercana a 119% del PIB.

Las pensiones absorben casi una cuarta parte del gasto público y los intereses de la deuda aumentaron de 60,200 millones de euros en 2024 a 73,600 millones en 2026. Ese margen reducido limita la posibilidad de financiar nuevos apoyos, como los subsidios energéticos aplicados durante la crisis de 2022.

La deuda también se incrementó con rapidez durante la pandemia: pasó de 98% a 114% del PIB entre 2019 y 2020. Los programas extraordinarios de gasto y la pérdida de ingresos fiscales dejaron una presión que continúa mientras la economía pierde dinamismo.

Un presupuesto difícil de aprobar

La discusión presupuestaria se ha convertido en uno de los principales focos de inestabilidad política. Michel Barnier dejó el cargo en 2024, François Bayrou cayó en 2025 y el primer gobierno de Lecornu duró apenas unas horas, en un contexto marcado por la dificultad de construir mayorías parlamentarias.

La izquierda propone aumentar la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos, mientras la derecha rechaza nuevos impuestos y la extrema derecha se prepara para las elecciones de 2027. Las pensiones son uno de los puntos más sensibles: para avanzar en el presupuesto, Lecornu suspendió la reforma que elevaba la edad de retiro a 64 años.

El gobierno busca ahorrar 54,000 millones de euros, aunque ha señalado que las pensiones no serán reducidas. La disputa refleja una tensión cada vez mayor entre grupos con demandas legítimas y un Estado que dispone de menos recursos para atenderlas sin aumentar impuestos, recortar servicios o elevar el endeudamiento.

Con una economía que apenas crecería 0.4% este año y un déficit cercano a 5%, cada decisión presupuestaria implica redistribuir recursos entre jubilados, maestros, agricultores, estudiantes y empresas. La crisis francesa se mantiene abierta mientras el gobierno intenta aprobar las cuentas públicas y contener nuevas movilizaciones.