La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) pidió al Gobierno federal emitir un decreto para que las distribuidoras de vehículos no queden sujetas al límite de deducciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) previsto para 2027. La organización advierte que, sin ese ajuste, podrían estar en riesgo alrededor de mil agencias y 70 mil empleos directos.
La petición se produce después de que la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley del ISR que incorporan excepciones para ciertas actividades de la industria automotriz y de combustibles. La AMDA sostiene que las distribuidoras no recibieron el mismo tratamiento que las armadoras, pese a operar con márgenes reducidos.
La asociación alerta por el límite a las deducciones
El mecanismo establece un tope de 96.6% para las deducciones de gastos, según la descripción de la reforma difundida por la asociación. La AMDA argumenta que su aplicación podría llevar a algunas agencias a pagar ISR sobre utilidades que, de acuerdo con sus cálculos, no obtuvieron.
Para explicar la estrechez de esos márgenes, la organización presentó un análisis del ejercicio fiscal 2025: por cada 100 pesos facturados, estima que quedan 38 centavos de utilidad antes de impuestos y del reparto de utilidades. La cifra corresponde al cálculo de la AMDA y no a una medición independiente incluida en la reforma.
La asociación también reporta una caída de 30% en la rentabilidad del sector durante los últimos cinco años. Además, compara el volumen anual de ventas por agencia: 701 vehículos en 2016 frente a 566 en 2025.
Solicitan un trato diferenciado
La AMDA sostiene que las distribuidoras tienen un nivel elevado de fiscalización y que su actividad depende principalmente de las armadoras como proveedoras. Con esos argumentos, solicita a la presidenta Claudia Sheinbaum un decreto de facilitación fiscal que, afirma, permitiría reducir el impacto del límite sin poner en riesgo la operación de las empresas.
La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley del ISR el 3 de noviembre de 2026 y turnó el proyecto al Ejecutivo federal. La petición de la asociación busca que el Gobierno atienda la situación de las distribuidoras, que la AMDA distingue de las excepciones aprobadas para otras actividades.
