La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes 27 de octubre de 2026 restablecer una norma de la era del presidente Joe Biden que permitía a los jueces de inmigración suspender administrativamente algunos procesos de deportación. Con la decisión, permanece vigente el bloqueo respaldado por la administración del presidente Donald Trump y el estado de Texas.
El fallo representa un respaldo para la política migratoria del gobierno de Trump, que se oponía a mantener el mecanismo utilizado para cerrar temporalmente expedientes y reducir la carga de trabajo en los tribunales de inmigración. La resolución fue emitida mediante una opinión breve y sin firma.
Disputa entre Texas, el gobierno federal y varias ciudades
El conflicto comenzó después de que Texas impugnara en un tribunal federal una regulación adoptada durante el gobierno de Biden. Esa norma formalizó en 2024 la posibilidad de aplicar el llamado cierre administrativo en determinadas circunstancias.
Baltimore, Maryland; Columbus, Ohio; y New Haven, Connecticut, además de una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes, solicitaron que la medida se mantuviera. Los tribunales inferiores rechazaron sus peticiones, por lo que el caso llegó a la Corte Suprema.
Qué implica el cierre administrativo
El cierre administrativo no anulaba una orden de deportación ni otorgaba por sí mismo un estatus migratorio. Permitía suspender temporalmente la actividad de un expediente cuando existían razones para posponer su resolución, como la necesidad de atender otros trámites o circunstancias particulares del caso.
Según estadísticas gubernamentales citadas en el litigio, alrededor de 360 mil personas migrantes habían recibido esta medida desde 1990. Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que el mecanismo protegía a algunos inmigrantes y podía evitar deportaciones mientras se resolvían otras vías legales.
La decisión de la Corte Suprema deja a la administración de Trump en posición de impedir que los jueces de inmigración utilicen la regulación de 2024 para suspender determinados procedimientos. El alcance de futuras actuaciones dependerá de las órdenes vigentes en los tribunales inferiores y de las decisiones que se adopten en el litigio principal.
