Pueblos indígenas y comunidades locales buscan fortalecer su participación en las decisiones de conservación, obtener acceso directo a fondos internacionales y visibilizar la inseguridad que enfrentan en sus territorios durante la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebra del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia.

Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y de la junta directiva de Rights and Resources Initiative, señaló que las negociaciones deben superar una visión asistencialista y reconocer a las comunidades como socias en la conservación de la biodiversidad.

Un órgano permanente para pueblos indígenas y comunidades locales

Uno de los principales temas de la cumbre es definir el funcionamiento del órgano subsidiario relacionado con el artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta disposición reconoce la importancia de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales para conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad.

Sánchez explicó que la consolidación de este mecanismo permitiría una participación más estable en las decisiones de los gobiernos. Aunque sus resoluciones tendrían carácter recomendatorio, sostuvo que elevarían el peso político de los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro del Convenio.

La propuesta en discusión contempla diez asientos para pueblos indígenas y comunidades locales, además de una decena de representantes gubernamentales. La fórmula buscaría evitar disputas por cuotas geográficas rígidas y privilegiar el número total de espacios.

El reconocimiento de los pueblos afrodescendientes también forma parte de las preocupaciones de las organizaciones. Sánchez afirmó que su presencia debe mantenerse explícita en los textos de negociación y que los espacios destinados a comunidades locales pueden servir para articular una postura común.

Seguridad para quienes protegen los bosques

Para las organizaciones mexicanas, la seguridad es una condición indispensable para cumplir las metas internacionales de conservación, incluida la meta 30×30. Sánchez advirtió que en distintas regiones forestales las comunidades enfrentan restricciones para ingresar a sus propios montes debido a la presencia del crimen organizado.

El dirigente vinculó esta situación con la necesidad de proteger la vida de ejidatarios y comuneros que participan en tareas de manejo forestal, restauración y vigilancia ambiental. En su opinión, ningún compromiso sobre biodiversidad puede sostenerse si el Estado no garantiza condiciones mínimas de seguridad en los territorios.

El reclamo por financiamiento directo

Otro de los reclamos centrales es que los recursos lleguen directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, sin procesos burocráticos que reduzcan el dinero disponible para las acciones en campo.

Las organizaciones plantean que fondos internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Tropical Forest Forever Facility reserven una proporción específica de sus recursos para el acceso directo de las comunidades. También cuestionan que la intermediación institucional y de consultorías limite el financiamiento que finalmente llega a los territorios.

Sánchez destacó que ya existen instrumentos administrados por organizaciones comunitarias, entre ellos el Fondo Territorial Mesoamericano y CLARIFI, una iniciativa vinculada con Rights and Resources Initiative. Estos mecanismos buscan fortalecer la capacidad de las comunidades para definir y ejecutar sus propias prioridades.

“Queremos ser socios, no receptores de caridad”, es la idea que resume el reclamo de las comunidades sobre su papel en la conservación y el acceso a los recursos.

México busca vincular conservación y justicia ambiental

La delegación mexicana informó que en la COP17 promoverá el fortalecimiento de la conservación, la restauración ecológica, el financiamiento y la participación plena de los pueblos indígenas y las comunidades locales. También presentará avances relacionados con áreas naturales protegidas y cooperación regional en la Gran Selva Maya.

Sin embargo, las organizaciones comunitarias consideran que los compromisos internacionales deben acompañarse de mayor inversión pública en México. Sánchez señaló que la participación social y la protección de los territorios requieren instituciones activas, presupuesto suficiente y garantías para quienes realizan las labores de conservación.

Las negociaciones de Ereván definirán parte de la arquitectura institucional y financiera que deberá respaldar la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal hacia 2030. Para los pueblos indígenas y las comunidades locales, el resultado dependerá de que su reconocimiento político se traduzca en decisiones, seguridad y recursos que lleguen efectivamente a sus territorios.