El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió este viernes 30 de octubre de 2026 que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que Guadalupe Taddei “debe de ir a la cárcel”.
La declaración ocurrió durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario informó que existen expedientes de investigación y procedimientos de responsabilidad relacionados con posibles conflictos de interés y contrataciones durante la administración de Taddei.
Ramírez Cuéllar sostuvo que deben determinarse responsabilidades administrativas y penales contra los funcionarios involucrados. También pidió asegurar bienes y cuentas de empresas proveedoras de material e insumos electorales mientras avanzan las indagatorias.
Durante su comparecencia, Carvente Contreras señaló que cinco funcionarios enfrentan procedimientos por faltas graves relacionadas con posibles conflictos de interés. Además, indicó que el OIC mantiene investigaciones abiertas y que no podía revelar nombres ni información reservada de los expedientes.
El titular del órgano de control también mencionó una posible concentración de contratos de material electoral en cinco empresas y señaló que una eventual colusión habría impactado los precios. Según lo expuesto ante los legisladores, una parte importante de los contratos del instituto todavía no ha sido fiscalizada.
El legislador morenista pidió además la intervención de las autoridades de competencia económica y del Servicio de Administración Tributaria para revisar posibles acuerdos entre proveedores, facturación falsa y operaciones simuladas. A su juicio, las investigaciones apuntan a un problema estructural que también alcanzaría a organismos electorales locales.
Los señalamientos corresponden a acusaciones y líneas de investigación en curso, por lo que la responsabilidad administrativa o penal de cualquier persona deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes y con respeto al debido proceso.
