Empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas extendieron su participación en contrataciones de al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), donde obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos desde 2014. Las operaciones son investigadas por presuntas irregularidades y por un posible esquema de competencia simulada.

La revisión de contratos públicos identifica coincidencias entre las compañías del grupo y funcionarios que ocuparon puestos clave en los institutos electorales de Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo. En algunos casos, los servidores públicos habían trabajado con Guadalupe Taddei o fueron designados durante su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Contratos bajo revisión

En Sonora, Cajas Graf recibió en 2025 un contrato cercano a 30 millones de pesos para material de la elección judicial, aunque otras empresas relacionadas con el grupo habían dejado de ser contratadas por el organismo local desde 2019. El fiscal estatal informó que, hasta el momento de las declaraciones consignadas, no existía una denuncia local relacionada con esas contrataciones.

En Oaxaca, Corporativo Zeg obtuvo contratos por 32 y 36 millones de pesos durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez como secretaria ejecutiva del organismo electoral. Posteriormente, Hernández Gómez ocupó un cargo en el INE y presentó su renuncia en octubre de 2026, en medio del escrutinio sobre sus vínculos con funcionarios y empresarios investigados.

En Quintana Roo, un contrato de 2022 por 29 millones 802 mil pesos se encuentra bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación. En 2025, Litho Formas obtuvo otro contrato por 34 millones 798 mil pesos para documentación y material electoral, en una licitación en la que participaron como competidoras Cajas Graf, Gráficas Corona y Formas Finas y Materiales, compañías relacionadas con el mismo grupo empresarial.

En el Estado de México, el instituto electoral otorgó en 2023 un contrato de 57 millones 325 mil pesos a una propuesta conjunta de Gráficas Corona, Formas Inteligentes y Litho Formas para la elección de gobernador. La presidencia del organismo sostuvo que los procedimientos se realizaron conforme a la normativa y explicó que los tiempos del proceso electoral obligaron a recurrir a una adjudicación directa.

En Veracruz, Litho Formas recibió en 2025 un contrato por 113 millones 778 mil pesos en un concurso en el que compitió con Cajas Graf y Formas Finas y Materiales. El secretario ejecutivo del organismo negó tener vínculos con las empresas relacionadas con Hernández Casillas, aunque los registros contractuales muestran la participación de esas compañías en el procedimiento.

Un patrón extendido

Además de esos estados, se identificaron contrataciones con el mismo grupo empresarial en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas. Una revisión independiente de contratos difundidos en plataformas de transparencia contabilizó al menos 49 convenios otorgados por el INE y diversos OPLE entre 2018 y 2025, por un monto superior a mil 450 millones de pesos.

El esquema bajo revisión consiste en que varias empresas vinculadas a los mismos propietarios participan en una licitación y aparecen como competidoras entre sí. Cuando una de ellas obtiene el fallo, las demás pueden contribuir a crear la apariencia de competencia, una práctica que ahora es examinada por autoridades fiscalizadoras y financieras.

Los expedientes y contratos revisados no equivalen por sí mismos a una resolución definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales. Sin embargo, el alcance territorial de las operaciones y la coincidencia entre proveedores, funcionarios y procesos electorales mantienen bajo escrutinio la forma en que los organismos locales adquirieron materiales y documentación electoral.