Blanca Yassahara Cruz García asumió el 27 de octubre de 2026 como presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei, y ofreció recuperar la toma de decisiones colegiada mientras la Cámara de Diputados designa a quien ocupará la presidencia por el periodo restante.
Durante sus primeros acuerdos, el Consejo General determinó revisar los contratos vigentes y suspender temporalmente la formalización de nuevos contratos. También solicitó la renuncia de tres funcionarios relacionados con reuniones con el proveedor Alfredo Hernández Casillas y dio vista al Órgano Interno de Control sobre las irregularidades que deberán investigarse.
Cruz descarta decisiones unilaterales
En su toma de protesta, Cruz sostuvo que no utilizará de manera unilateral las facultades de la presidencia y que los movimientos relevantes deberán consensuarse entre las 10 consejerías que permanecen en funciones. El objetivo, señaló, es fortalecer la solidez institucional y garantizar la continuidad de las tareas electorales.
La nueva presidenta interina también expresó disposición para que se revise su trayectoria y la gestión que encabezó en el Instituto Electoral del Estado de Puebla. En particular, se refirió a un contrato por 129 millones 700 mil pesos otorgado en 2024 a Comercializadora JVLY para suministrar material electoral y de simulacro.
Cruz afirmó que ese procedimiento debe ser revisado con transparencia y que no tiene nada que ocultar. La revisión, de acuerdo con lo expuesto, podría incluir tanto contratos del INE como operaciones realizadas por organismos públicos locales.
El INE enfrenta una etapa de revisión interna
La salida de Taddei ocurre mientras se investigan presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del instituto. Las pesquisas están a cargo de instancias de control y fiscalización, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Durante la sesión extraordinaria, consejeros electorales y representantes partidistas respaldaron a Cruz, aunque insistieron en la necesidad de mantener la revisión institucional. También se planteó evitar una persecución generalizada contra funcionarios o consejeros que no estén implicados y establecer responsabilidades individuales con base en pruebas.
La presidencia interina deberá mantener la organización del proceso electoral 2026-2027 y, al mismo tiempo, conducir la revisión de contratos y nombramientos cuestionados. La Cámara de Diputados tendrá a su cargo la designación de la persona que ocupará de manera definitiva la presidencia del INE por el periodo restante.
