Personas que acudieron al Juzgado Cívico COY-05 consideraron positiva la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para crear agentes psicosociales restaurativos que atiendan las causas de las infracciones y no únicamente sus consecuencias.

La propuesta busca modificar el modelo de justicia cívica mediante evaluaciones de factores emocionales, sociales y de riesgo, así como mecanismos de mediación, reparación del daño y seguimiento para reducir la reincidencia. La iniciativa todavía debe continuar su proceso legislativo en el Congreso capitalino.

Opiniones divididas entre quienes acudieron al juzgado

Monserrat, quien acudió al Juzgado Cívico COY-05, dijo que está de acuerdo con cambiar las reglas, pero pidió que la propuesta no quede solamente en una promesa. Consideró que conocer las circunstancias detrás de una infracción podría ayudar a que las personas reflexionen sobre sus actos.

“Creo que es bueno que cambien las reglas; espero que sí lo hagan y no quede en promesa”, comentó Monserrat.

La ciudadana agregó que algunas conductas pueden estar relacionadas con problemas o situaciones personales que deberían tomarse en cuenta antes de imponer una sanción.

“Luego prometen y prometen, pero no hacen nada”, señaló.

Marta, quien dijo desconocer la propuesta, también se mostró a favor de aplicar evaluaciones para conocer las circunstancias de quienes cometen una infracción. A su juicio, estas medidas podrían contribuir a mejorar la convivencia entre los habitantes de la capital, siempre que estén acompañadas de sanciones cuando correspondan y de campañas de concientización.

Omar, en cambio, expresó dudas sobre la iniciativa y reconoció que tampoco estaba enterado de los cambios planteados a la Ley de Cultura Cívica.

¿Qué propone la reforma?

La iniciativa presentada por Brugada plantea que los agentes psicosociales restaurativos realicen tamizajes y evaluaciones para identificar factores emocionales, sociales y de riesgo relacionados con los conflictos que terminan en una infracción. Con esa información, las personas podrían ser canalizadas a servicios psicológicos, programas educativos, atención contra las adicciones u opciones de capacitación y empleo.

El proyecto también contempla fortalecer los juzgados cívicos, incorporar mecanismos alternativos de solución de conflictos y establecer audiencias públicas y orales. Además, propone crear los llamados Calpullis de Paz en espacios como Utopías y PILARES para atender diferencias vecinales mediante mediación, conciliación y justicia restaurativa.

De acuerdo con la propuesta, ciertos daños a bienes y algunos robos sin violencia de bajo valor podrían atenderse por la vía cívica bajo condiciones específicas, sin eliminar la posibilidad de acudir al Ministerio Público. La reforma no ha sido aprobada y su contenido podría modificarse durante la discusión legislativa.

Para las personas consultadas, el reto será que el nuevo modelo se aplique de manera efectiva, con personal capacitado, seguimiento de los casos y medidas que combinen la responsabilidad por la infracción con la prevención de nuevos conflictos.