Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalan presuntas irregularidades en contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos públicos locales electorales (OPLE) a un conglomerado de al menos siete empresas relacionado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Los contratos identificados superan mil millones de pesos y abarcan por lo menos 13 entidades federativas.
Las indagatorias también revisan la relación de este grupo empresarial con Guadalupe Taddei Zavala, quien fue titular del Instituto Electoral de Sonora entre 2014 y 2021 y posteriormente asumió la presidencia del INE. Las autoridades analizan posibles conflictos de interés, tráfico de influencias, simulación de competencia y triangulación de recursos, sin que estas investigaciones impliquen por sí mismas una responsabilidad administrativa o penal definitiva.
Contratos bajo revisión
Uno de los casos detectados corresponde a una adjudicación directa otorgada en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por 63 millones 241 mil pesos para producir y distribuir materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024. La ASF identificó posibles irregularidades y, a partir de sus fiscalizaciones, se abrió una revisión sobre operaciones vinculadas con otras compañías.
Entre las empresas mencionadas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Las investigaciones sostienen que algunas de estas compañías se presentaban como competidoras en procedimientos de contratación, aunque mantenían vínculos operativos.
En el ámbito estatal, Cajas Graf acumuló 22 contratos con 13 institutos electorales por aproximadamente 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales registró 15 contratos en 11 entidades por alrededor de 540.1 millones de pesos. Entre los acuerdos señalados figuran contratos en Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Campeche, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Zacatecas.
Montos y entidades señaladas
Uno de los contratos más cuantiosos fue asignado en 2018 por el Instituto Electoral de Veracruz a Cajas Graf, por 141 millones 775 mil 200 pesos, para suministrar 12 mil paquetes electorales. También se identificaron contratos de la misma empresa en Jalisco por 102 millones 160 mil 915.80 pesos y dos en Hidalgo por 68 millones 980 mil 163.28 pesos y 65 millones 981 mil 373.62 pesos.
En Oaxaca, Corporativo Zeg recibió en 2021 una adjudicación directa por 32 millones de pesos y posteriormente otra licitación por 36.09 millones. Asimismo, se reportaron contratos en Chihuahua por 33 millones 881 mil 653.52 pesos, Quintana Roo por 29 millones 802 mil 439.28 pesos, Sinaloa por 27 millones 762 mil 525.50 pesos y Campeche por 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
Posibles conflictos de interés
Las investigaciones también revisan el caso de Jesús Octavio García González, quien habría fungido como representante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg antes de asumir la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área encargada de validar y autorizar compras institucionales. Además, se analiza la relación personal entre José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala.
Otra línea de investigación se relaciona con Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por transferencias bancarias provenientes de cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg que fueron registradas como préstamos y viáticos.
De acuerdo con las indagatorias, las posibles irregularidades involucrarían operaciones por aproximadamente 514 millones de pesos en cuatro empresas: Comercializadora JVLY, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Cajas Graf. La determinación de responsabilidades dependerá de las revisiones administrativas, financieras y ministeriales correspondientes.
