El Senado de la República retiró de su portal de internet información administrativa y presupuestal correspondiente a una década, de 2014 a 2024, que incluía datos sobre el destino de 10 mil 200 millones de pesos. En su lugar, colocó un aviso que remite a la ciudadanía a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La medida dificulta la consulta directa del ejercicio de los recursos públicos y limita la posibilidad de comparar el gasto legislativo entre distintos años. La información retirada incluía registros sobre nóminas, contrataciones, licitaciones, compras, inversiones, viáticos y recursos entregados a los grupos parlamentarios.
Qué información dejó de estar disponible
Además del histórico presupuestal, dejaron de mostrarse directamente en el portal reportes sobre gastos mensuales en salarios, materiales y servicios, así como documentos relacionados con despidos, liquidaciones y viajes de legisladores. También se ha señalado la falta de información desglosada sobre los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
El aviso del Senado sostiene que la información administrativa puede consultarse mediante la PNT y que las solicitudes adicionales deben realizarse por los mecanismos de transparencia. Sin embargo, la consulta en esa plataforma puede requerir búsquedas y descargas de archivos, lo que complica la revisión continua y comparativa de los datos.
La discusión sobre las obligaciones de transparencia
El retiro de los archivos generó cuestionamientos porque el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los portales institucionales deben contar con un vínculo de acceso directo a la información pública y un buscador. La controversia consiste en determinar si esa disposición permite sustituir los documentos disponibles por una remisión general a otra plataforma.
Las obligaciones aplicables al Poder Legislativo también contemplan publicar y actualizar la información de manera accesible, comprensible y verificable. Cuando un documento contiene datos reservados o confidenciales, la alternativa prevista es elaborar una versión pública, no retirar el archivo completo.
La organización ARTICLE 19 solicitó que se apliquen medidas de apremio y sanciones por el presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia. La exigencia se suma al debate sobre el nuevo esquema institucional derivado de la reforma de transparencia de 2025 y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Senado deberá aclarar qué documentos permanecen disponibles, cuáles requieren actualización y por qué se retiró el histórico presupuestal. La disponibilidad de archivos completos y localizables es necesaria para que periodistas, organizaciones y ciudadanos puedan vigilar el uso de los recursos públicos.
