Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, exigió que no se cierren las investigaciones sobre la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia que presentó el 26 de octubre de 2026 en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, relaciones con proveedores y nombramientos dentro del organismo.
El senador responsabilizó políticamente a Morena por la situación del instituto y afirmó que las indagatorias deben esclarecer si existieron responsabilidades administrativas o penales. Sus declaraciones se producen mientras el INE enfrenta una crisis institucional y mantiene la organización del proceso electoral federal 2026-2027.
Moreno sostuvo que los señalamientos no corresponden a hechos aislados y acusó la presunta existencia de una estructura de corrupción y tráfico de influencias vinculada con funcionarios, proveedores y representantes partidistas. Estas afirmaciones forman parte de los reclamos de la oposición y deberán ser determinadas por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.
El dirigente priista pidió revisar la asignación de contratos, las relaciones con empresas proveedoras y la incorporación de funcionarios presuntamente relacionados con intereses políticos. También afirmó que las irregularidades podrían extenderse a más de 20 entidades federativas, aunque corresponde a las auditorías y procedimientos oficiales establecer el alcance de esos señalamientos.
La renuncia de Taddei ocurrió después de que se reportaran investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control del INE sobre posibles irregularidades en procesos de contratación. El instituto informó que sus actividades de organización electoral continuarían, mientras el Consejo General designó una presidencia provisional.
Moreno anunció que viajará nuevamente a Estados Unidos para presentar sus denuncias ante instancias internacionales, con el argumento de que la autonomía del árbitro electoral debe ser revisada. El caso mantiene bajo escrutinio la operación administrativa del INE y la preparación de las elecciones de 2027.
