El Gobierno de Nicaragua anunció el 3 de octubre de 2026 su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (Parlacen), luego de denunciar el tratado constitutivo del organismo regional mediante una comunicación enviada a la Junta Directiva y al Gobierno de Guatemala, país depositario del acuerdo.
La decisión fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que señaló que el retiro se realiza “en ejercicio pleno de su soberanía” y tendrá efecto inmediato. El documento no expone razones adicionales para justificar la medida.
La salida ocurre un día después de que la Organización de los Estados Americanos aprobara una resolución que exige al Gobierno nicaragüense celebrar elecciones libres, liberar a los presos políticos, recuperar la separación de poderes y divulgar el paradero de personas desaparecidas.
La resolución de la OEA también pidió devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella. El documento fue aprobado por los cancilleres del organismo regional y no incluyó sanciones concretas contra Nicaragua.
Karla Gutiérrez, presidenta del Parlacen y diputada guatemalteca, convocó a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para el lunes 5 de octubre de 2026, con el objetivo de establecer la posición oficial del organismo ante la notificación nicaragüense.
Un retiro con implicaciones jurídicas
El Parlamento Centroamericano fue constituido en 1991 como una instancia de representación política e integración regional. Actualmente reúne a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; Costa Rica es el único país centroamericano que no forma parte del mecanismo.
Cada Estado miembro cuenta con 20 diputadas y diputados electos por voto popular, además de los expresidentes y exvicepresidentes que se incorporan automáticamente como legisladores del organismo, de acuerdo con las disposiciones del tratado.
La salida de Nicaragua podría abrir una discusión diplomática y de derecho internacional, debido a que el Tratado Constitutivo del Parlacen no establece de manera expresa una cláusula de denuncia o retiro. Panamá intentó desvincularse anteriormente sin que el procedimiento prosperara.
El Salvador también aprobó en julio de 2025 una reforma constitucional para retirarse del Parlacen, en una decisión impulsada por el Legislativo de ese país. La medida nicaragüense se suma así a los cuestionamientos recientes sobre el funcionamiento y la integración del organismo regional.
