Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores damnificados por el desplome de la criptomoneda $LIBRA, apeló este martes 27 de octubre de 2026 el sobreseimiento de los 11 imputados en la causa, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y su hermana, Karina Milei. El recurso fue presentado ante la Justicia argentina y reclama que la investigación penal continúe.

La apelación sostiene que el cierre del expediente fue prematuro porque todavía había medidas de prueba en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas vinculadas con el lanzamiento del activo digital que no habían sido escuchadas. También cuestiona la valoración de los elementos reunidos durante la investigación.

El reclamo de los damnificados

El escrito fue presentado con el patrocinio del abogado y dirigente social Juan Grabois y del abogado Nicolás Rechanik. En la presentación, Marchetto sostiene que la resolución judicial confundió la falta de pruebas suficientes para acreditar un delito con la conclusión de que los hechos investigados no constituyen un delito.

El inversor había sido apartado del expediente como querellante. Aunque esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal, todavía está pendiente un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para definir si puede recuperar su participación en la causa.

Por esa razón, la apelación plantea que Marchetto debe poder impugnar el sobreseimiento antes de que la exclusión quede firme. Su argumento es que, si el expediente se cierra definitivamente mientras se resuelve su recurso, una eventual decisión favorable de Casación perdería utilidad.

El origen del caso $LIBRA

La causa se inició después de que Milei difundiera el 14 de febrero de 2025 el proyecto Viva la Libertad Project y una dirección para adquirir criptoactivos destinados, según la publicación, a financiar emprendimientos privados argentinos. El valor de $LIBRA aumentó rápidamente tras el mensaje y se desplomó horas después, provocando pérdidas para inversores.

El sobreseimiento alcanzó a Milei, Karina Milei, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y otros operadores e intermediarios vinculados con el lanzamiento de la criptomoneda. El fiscal Eduardo Taiano había solicitado el cierre de la investigación al considerar que los hechos no configuraban una estafa.

La fiscalía también descartó otros delitos atribuidos al presidente, como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con el cargo. Para ello, tomó en cuenta informes de la Oficina Anticorrupción, organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

Pruebas cuestionadas y próximos pasos

Entre los elementos discutidos figuran peritajes informáticos realizados sobre dispositivos de uno de los implicados. Esos análisis recuperaron un borrador de un contrato entre Milei y Hayden Mark Davis por aproximadamente cinco millones de dólares, además de conversaciones entre el mandatario y Mauricio Novelli, señalado como uno de los contactos entre Milei y el empresario estadounidense.

La apelación busca que una instancia superior revoque el sobreseimiento y ordene continuar con las diligencias pendientes. Mientras tanto, también permanece abierta la discusión sobre si los inversores afectados podrán volver a intervenir formalmente en el expediente como querellantes.