El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el jueves 5 de noviembre de 2026 medidas para reforzar los controles administrativos y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del organismo durante el periodo 2016-2026.

La decisión se tomó en la Ciudad de México ante los señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del instituto. Los señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

Revisión de contratos y controles internos

El paquete aprobado contempla medidas para preservar los expedientes físicos y digitales de contrataciones, integrar un inventario de adquisiciones y dar seguimiento a los contratos relacionados con la organización del proceso electoral 2026-2027. También incluye habilitar un canal para que el personal reporte de forma anónima posibles irregularidades.

Durante la sesión, el Consejo planteó analizar la viabilidad de auditorías externas. La solicitud a la ASF, por su parte, busca que la institución fiscalizadora revise las compras, los arrendamientos y los servicios del INE en el periodo señalado.

El acuerdo también prevé medidas para proteger la continuidad de las tareas electorales mientras se revisan los procesos de contratación. La fiscalización y las revisiones correspondientes deberán establecer si existieron irregularidades y, en su caso, qué responsabilidades proceden.