Una presunta red de empresas proveedoras de material electoral obtuvo contratos por 2 mil 461 millones de pesos en 27 organismos públicos locales electorales (OPLE) entre 2014 y 2025, de acuerdo con datos presentados por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE). El periodo incluye los años en que Guadalupe Taddei presidió el instituto electoral de Sonora, de 2014 a 2021.
La revisión pone el foco en cómo se asignaron contratos para producir materiales electorales y en los vínculos entre compañías asociadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Las irregularidades señaladas se refieren a una posible simulación de competencia; los señalamientos no equivalen, por sí mismos, a una determinación judicial de responsabilidades.
Sonora, punto de partida de la revisión
Durante la gestión de Taddei en el organismo electoral sonorense, Cajas Graf recibió contratos por más de 46 millones de pesos, según lo expuesto por el titular del OIC en una comparecencia legislativa. La cifra forma parte de una revisión más amplia sobre cinco empresas que, de acuerdo con esa investigación, habrían competido entre sí en procedimientos de contratación.
La red empresarial señalada también incluye a Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG y Comercializadora JVLY. Los reportes sobre el caso describen que algunas de estas firmas compartían vínculos empresariales y que habrían presentado ofertas para aparentar competencia en licitaciones de materiales electorales.
Una historia que se extendió a otros organismos
Los antecedentes reconstruidos sitúan desde 2014 la operación de empresas relacionadas en distintos organismos electorales locales. En años posteriores, el grupo amplió su participación en contratos de impresión y suministro de materiales; el examen del OIC abarca operaciones hasta 2025 y comprende 27 OPLE.
Para la elección judicial de 2025 también se reportaron contratos de empresas vinculadas con los Hernández Casillas. Esas adjudicaciones forman parte de la atención pública al caso, aunque el monto de 2 mil 461 millones de pesos corresponde al conjunto de contratos locales revisados entre 2014 y 2025, no únicamente a esa elección.
Qué se investiga
La revisión se centra en determinar si las empresas compitieron realmente por los contratos y si las instituciones aplicaron controles adecuados al evaluar las ofertas. La detección de posibles irregularidades abre preguntas sobre la vigilancia de las compras públicas, pero no sustituye los procedimientos necesarios para establecer responsabilidades.
El alcance del caso abarca más de una administración y varios organismos electorales. La documentación y las investigaciones deberán precisar cómo se asignaron los contratos, quiénes participaron en las decisiones y qué consecuencias, si las hay, corresponden.
