El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó 115 denuncias por presuntos esquemas fraudulentos relacionados con la Modalidad 40, informó el director general del organismo, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina del 27 de octubre de 2026.

De acuerdo con el funcionario, gestores, asesores y financieras ofrecían préstamos para que las personas pagaran periodos de cotización bajo este esquema, incluso con hasta cinco años de retroactividad, con el objetivo de incrementar el monto de su pensión.

Robledo explicó que estas prácticas no representaban ahorro para el retiro, sino créditos cuyo costo podía terminar siendo absorbido por el Estado. También señaló que se detectaron casos en los que las pensiones crecían más de mil por ciento respecto del último salario reportado, una situación que calificó de inverosímil.

Revisión durante seis meses

El Consejo Técnico del IMSS estableció un periodo temporal de seis meses para revisar las condiciones de incorporación a la Modalidad 40 y analizar posibles modificaciones. La medida busca frenar abusos y esquemas de simulación sin cerrar el derecho de los trabajadores a utilizar este mecanismo de continuidad voluntaria.

El director del IMSS indicó que las empresas y gestores involucrados se promocionaban principalmente a través de redes sociales. En algunos casos, añadió, solicitaban escrituras u otras condiciones como garantía para otorgar los recursos destinados al pago de las cotizaciones.

El funcionario afirmó que el instituto realiza acciones para retirar páginas y anuncios relacionados con estas prácticas, además de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Qué es la Modalidad 40

La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a ciertos trabajadores que dejaron de cotizar continuar realizando aportaciones al IMSS. El objetivo es conservar o incrementar semanas cotizadas y, bajo determinadas condiciones, mejorar el cálculo de la pensión.

La revisión anunciada por el instituto se concentra en los mecanismos considerados irregulares, particularmente aquellos que combinaban financiamiento privado, pagos retroactivos y aumentos artificiales del salario base de cotización. Las autoridades deberán determinar qué ajustes serán aplicables una vez concluido el periodo de análisis.