Human Rights Watch documentó graves irregularidades policiales durante la Operación Contención, un despliegue realizado el 28 de octubre de 2025 en los complejos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, Brasil, que dejó 122 personas muertas. La investigación señala que agentes manipularon cámaras corporales, incumplieron decisiones judiciales y sus propios protocolos, y que existen indicios de un uso excesivo de la fuerza.

El saldo incluyó a dos adolescentes y cinco policías: cuatro fallecieron durante el operativo y otro murió posteriormente. La operación tenía como objetivo detener a integrantes del grupo criminal Comando Vermelho y ejecutar órdenes de captura en una zona controlada por esa organización.

Cámaras sin registro de las muertes

El análisis de miles de horas de grabaciones de cámaras corporales no encontró imágenes de ninguna de las muertes. Además, solo alrededor de 23% de los 2 mil 500 policías civiles y militares que participaron en la operación portaban estos dispositivos.

La investigación detectó cámaras con lentes obstruidas, equipos colocados en vehículos y dispositivos que fueron encendidos antes de tiempo, lo que provocó que algunas baterías se agotaran durante el despliegue. En 36% de los momentos en que las cámaras registraron uno o más disparos, las lentes estaban obstruidas.

Estas irregularidades son relevantes porque las autoridades de Río de Janeiro están obligadas a utilizar cámaras corporales y a preservar información sobre las intervenciones policiales. También existen protocolos para coordinar la atención médica y conservar los lugares donde ocurren muertes.

Dudas sobre el uso de la fuerza letal

Los registros revisados indican que la policía detuvo a 17 personas con órdenes de captura pendientes, aunque el operativo había sido justificado con 100 órdenes. La investigación también señaló que el principal líder del Comando Vermelho en la zona no fue detenido.

Solo siete sospechosos fueron trasladados a un hospital y posteriormente detenidos, frente a 117 personas que murieron a manos de la policía. La diferencia plantea dudas sobre si la intervención priorizó la fuerza letal por encima de la detención.

El análisis de autopsias encontró que más de 40% de las víctimas que no eran policías recibieron disparos en la cabeza, más de 60% recibieron cuatro o más impactos y cerca de 75% presentaban al menos un disparo en la espalda. También se documentó el caso de un hombre que fue herido de bala y posteriormente decapitado.

Exigencia de investigaciones independientes

La investigación fue elaborada a partir de entrevistas con testigos, familiares y expertos, además del análisis de grabaciones, expedientes penales, informes de autopsia, fotografías y videos. Sus conclusiones apuntan a fallas en la documentación de las muertes, la preservación de las escenas y la recopilación de pruebas.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la estrategia de seguridad pública basada en operativos de gran escala en las favelas de Río de Janeiro. La exigencia central es que las autoridades realicen investigaciones completas e independientes y adopten medidas para reducir la letalidad policial, mejorar el uso de cámaras corporales y separar los servicios forenses de las fuerzas investigadas.