El Tribunal Supremo de España dejó sin efecto el martes 6 de octubre de 2026 la orden nacional de busca, captura y detención contra Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación relacionado con el proceso independentista de 2017.

La decisión fue adoptada por el juez instructor Pablo Llarena y también alcanza a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig. El levantamiento de las órdenes permite que Puigdemont pueda regresar a España sin quedar sujeto a esa medida, aunque el auto establece que la decisión queda provisionalmente sin efecto hasta una nueva resolución judicial expresa.

El fallo del Tribunal Constitucional modificó el escenario judicial que impedía aplicar la amnistía a Puigdemont y a otros dirigentes independentistas por el delito de malversación. Hasta ahora, el Tribunal Supremo había sostenido que ese delito no quedaba cubierto por la norma aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024.

Puigdemont, quien reside en Waterloo, Bélgica, celebró la decisión como una victoria de la amnistía y afirmó que debe concluir la etapa que calificó como represión política. Sin embargo, no informó cuándo regresará a España.

El político independentista salió de España en 2017, después de que el Parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia. Desde entonces permanecía fuera del país para evitar su detención, mientras otros integrantes de su gobierno fueron procesados y condenados.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el levantamiento de la orden y sostuvo que la decisión permite a Cataluña mirar hacia adelante. Su Ejecutivo impulsó la ley de amnistía como parte de los acuerdos que permitieron su investidura en 2023 con el respaldo de partidos independentistas, entre ellos Junts, la formación de Puigdemont.

La oposición conservadora mantiene su rechazo a la amnistía. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la medida como un engaño del Gobierno y vinculó el debate con las elecciones generales anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

El adelanto electoral se produjo después de que el Congreso rechazara dos decretos relacionados con la crisis de vivienda. La negativa de los siete diputados de Junts contribuyó a que esas medidas fueran derrotadas, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Sánchez y sus aliados parlamentarios.

Aunque el levantamiento de la orden abre la puerta al regreso de Puigdemont, la resolución judicial no pone fin por sí sola a todas las controversias políticas y jurídicas derivadas del proceso independentista catalán. Su eventual retorno se produciría, además, durante un periodo de alta intensidad política en España.