En 1760, Joseph Molina, administrador de la hacienda de San Antonio del Blanquillo, denunció ante el Santo Oficio en San Miguel el Grande —hoy San Miguel de Allende, Guanajuato— a María Guadalupe. El expediente inquisitorial reunió testimonios sobre un supuesto tesoro enterrado, muñecos atravesados con espinas y presuntos maleficios; eran acusaciones registradas durante el proceso, no hechos sobrenaturales comprobados.
El caso permite observar cómo el tribunal colonial examinaba relatos de hechicería y superstición, y cómo las declaraciones de denunciantes y acusados daban forma a esos procesos. También deja ver las tensiones sociales y personales alrededor de la denuncia: el expediente se originó mientras Molina buscaba un tesoro que, según los testimonios, estaría oculto en un cerro.
Una denuncia en torno a un supuesto tesoro
Molina acudió al comisario del Santo Oficio después de que Joseph Rosales, a quien había encargado buscar el dinero, no lograra señalar dónde estaba. María de Jesús, hija de Guadalupe y de catorce años según el expediente, declaró que su madre conocía el lugar y que había muñecos relacionados con las enfermedades atribuidas a algunas personas.
En agosto de 1760, Guadalupe también declaró ante el comisario. El proceso incluyó relatos sobre figuras de tela con espinas y un muñeco que supuestamente representaba a Molina. Estas descripciones pertenecen a testimonios y confesiones asentados por las autoridades inquisitoriales; por sí solas, no verifican que los maleficios descritos causaran enfermedad o muerte.
El proceso se reanudó siete años después
Tras una interrupción, las diligencias se retomaron en 1767. En una nueva declaración, Guadalupe afirmó que había causado la muerte de su hija. El expediente registra esa confesión, pero el caso debe leerse como un documento judicial de la época: recoge versiones de personas involucradas y categorías religiosas empleadas por el Santo Oficio, no una investigación moderna que permita confirmar de manera independiente cada acusación.
El 25 de noviembre de 1767, los calificadores del tribunal emitieron una valoración de los cargos. Después se ordenó el embargo de bienes y el traslado de Guadalupe a las cárceles inquisitoriales de la capital, pero la orden no llegó a cumplirse: un registro informó que ella había muerto el 11 de junio de 1768.
El Santo Oficio no dictó una sentencia final en este caso. La secuencia —denuncia en 1760, reanudación de diligencias en 1767 y cierre del proceso después de la muerte de Guadalupe— muestra que el desenlace dependió tanto de las decisiones del tribunal como de las circunstancias que interrumpieron el procedimiento.
Más que confirmar los relatos de brujería, el expediente conserva las voces y las categorías con las que una comunidad y sus autoridades coloniales interpretaron conflictos, enfermedades y prácticas religiosas en el siglo XVIII.






