El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el jueves 29 de octubre de 2026 el despliegue de abogados especializados en legislación electoral y observadores en distritos clave del estado para proteger los votos, en medio de la disputa con la Administración Trump por la supervisión federal de las elecciones y el procesamiento de unos 20 mil sufragios por correo.
Newsom también aprobó una norma que convierte en delito grave la incautación ilegal de papeletas electorales. La medida busca reforzar la defensa del proceso electoral estatal ante posibles interferencias durante una contienda que se encuentra en su etapa decisiva.
El anuncio se produjo después de que un juez federal rechazara el miércoles 28 de octubre la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para apartar más de 20 mil votos por correo y verificar la ciudadanía de los electores antes de contabilizarlos.
La resolución advirtió que modificar el procedimiento electoral cuando la votación ya está en marcha podría provocar alteraciones y dificultades operativas. La Administración Trump informó que apelará la decisión, por lo que el conflicto continuará en los tribunales antes de las elecciones.
El Departamento de Justicia sostiene que su lista identifica a personas que probablemente no son ciudadanas y que recibieron boletas para participar en la elección federal. California ha cuestionado la fiabilidad de esa información y se ha opuesto a separar los votos sin un mecanismo estatal claro para verificar cada caso.
La Administración Trump también ha planteado el despliegue de agentes federales para vigilar que no se cometa fraude electoral. California considera que cualquier presencia federal en el proceso debe ajustarse a las leyes estatales y no interferir con el derecho de los votantes ni con el conteo de las papeletas.
Con el despliegue de equipos legales y observadores, el gobierno estatal se prepara para responder a nuevos litigios y supervisar el proceso en los distritos donde la contienda es más reñida. La disputa combina una batalla judicial sobre los votos por correo con un enfrentamiento político por el control de la administración electoral.
