El consejero electoral Arturo Castillo pidió considerar la prisión preventiva oficiosa para la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, al señalar que los señalamientos relacionados con contratos y licitaciones del organismo podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones.
La declaración ocurrió el jueves 29 de octubre de 2026, durante una sesión del Consejo General del INE. Castillo aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para iniciar investigaciones y, en su caso, ejercer acciones legales.
Revisarán contratos y licitaciones
El consejero informó que el INE revisará las licitaciones realizadas durante la gestión de Taddei, incluidas las que permanecen vigentes. Entre los procedimientos mencionados se encuentra el relacionado con la producción de credenciales para votar.
Castillo sostuvo que una revisión a fondo permitirá determinar si hubo irregularidades y establecer las consecuencias que correspondan. Hasta ahora, las conductas señaladas no constituyen una responsabilidad penal acreditada contra Taddei, por lo que cualquier imputación deberá ser determinada por las autoridades competentes.
El INE prepara medidas internas
Además de las auditorías y revisiones contractuales, el consejero anunció que el instituto habilitará mecanismos para recibir denuncias anónimas de funcionarios que aporten información sobre posibles irregularidades.
La revisión ocurre después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE y en medio de señalamientos sobre la asignación de contratos a proveedores. El organismo también busca mantener la continuidad de sus actividades y salvaguardar la organización del proceso electoral federal 2026-2027.
La eventual aplicación de prisión preventiva oficiosa no está decretada. Para que una medida de ese tipo pueda analizarse, primero tendría que existir una investigación formal, la determinación de posibles delitos y la intervención de un juez conforme al procedimiento legal correspondiente.
