Las universidades públicas estatales acumulan un déficit financiero de 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026, por lo que rectoras, rectores y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior solicitaron a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos para 2027.
La petición fue presentada durante una reunión en San Lázaro, donde representantes universitarios advirtieron que la insuficiencia de recursos pone en riesgo el pago de salarios, pensiones y jubilaciones, así como el mantenimiento de instalaciones, la investigación y la ampliación de la matrícula.
ANUIES plantea recursos adicionales para 2027
Del monto solicitado, 9 mil 500 millones de pesos serían destinados a necesidades inmediatas durante 2027. Los 27 mil 300 millones restantes se asignarían de manera gradual para constituir un Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.
La propuesta busca atender incrementos salariales, ajustes derivados del aumento al salario mínimo, reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones, además de crear un fondo solidario para mantenimiento e infraestructura universitaria.
Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, señaló que la situación financiera se ha agravado por la inflación y por la eliminación progresiva de fondos extraordinarios para investigación, equipamiento, infraestructura y desarrollo académico.
Inflación y obligaciones laborales presionan a las instituciones
De acuerdo con el diagnóstico presentado ante legisladores, aproximadamente la mitad del déficit acumulado proviene de pérdidas operativas generadas por la diferencia entre la inflación proyectada por las autoridades hacendarias y el aumento real de los precios al cierre de cada ejercicio fiscal.
Las universidades también enfrentan mayores compromisos por salarios, pensiones y jubilaciones. Los representantes institucionales señalaron que los aumentos al salario mínimo no han sido acompañados por asignaciones presupuestales específicas, lo que provoca desequilibrios en los tabuladores y presiona las finanzas universitarias.
La rectora de la Universidad de Sonora, Dena María Camarena Gómez, solicitó un incremento de 4% para las universidades públicas estatales, junto con un programa de recuperación salarial. En tanto, la rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Leticia Jiménez Zamora, pidió fortalecer el Fondo de Saneamiento Financiero 081.
Más de 3 millones de estudiantes dependen de estas instituciones
Las universidades públicas estatales atienden a más de 3 millones de estudiantes y concentran una parte relevante de las actividades científicas y tecnológicas del país. Sin embargo, la falta de infraestructura limita la ampliación de la matrícula, la modernización de laboratorios y el desarrollo de modalidades educativas virtuales.
La ANUIES estima que cada año abandonan sus estudios 211 mil jóvenes en las universidades públicas; de ellos, 76%, poco más de 160 mil estudiantes, lo hace por dificultades económicas.
Enrique del Val Blanco, coordinador de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional de la UNAM, cuestionó que el presupuesto vigente no contemple recursos suficientes para sustituir los ingresos provenientes de cuotas y cumplir con el mandato de gratuidad de la educación superior.
El proyecto presupuestal contempla 72 mil 942 mdp
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla 72 mil 942 millones de pesos para las universidades públicas estatales, apenas 2.07% más que el monto de este año. Las instituciones consideran que ese incremento no compensa la inflación ni permite revertir el rezago financiero acumulado.
Durante la reunión, las presidentas de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, y de Educación, María del Rosario Orozco Caballero, manifestaron su disposición a revisar las necesidades de financiamiento.
Orozco Caballero se comprometió a gestionar una audiencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que las autoridades universitarias presenten sus diagnósticos y exploren alternativas de financiamiento. Hasta ahora no existe un acuerdo para aprobar los 36 mil 800 millones de pesos adicionales solicitados, por lo que la decisión dependerá de las negociaciones presupuestales entre el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados.
