Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores el viernes 6 de noviembre en al menos 17 entidades y realizaron bloqueos en algunas sedes, incluida la de San Lázaro, en la Ciudad de México. Protestan contra el nuevo esquema de evaluación del personal de carrera judicial, que consideran puede dar lugar a valoraciones arbitrarias o subjetivas.
El desacuerdo se centra en cómo se evaluarán aspectos como el desempeño colectivo, el trabajo en equipo y el comportamiento profesional, además de un examen de conocimientos. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá fines diagnósticos y no determinará la permanencia ni la separación del personal.
Qué criterios contempla la evaluación
El esquema establece varios factores para evaluar a actuarios, asistentes, oficiales y secretarios, con excepción del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El examen de conocimientos representa 60% de la ponderación.
Los demás rubros incluyen productividad, con 10%; análisis acorde con el perfil y calidad del servicio, con 5% cada uno; y comportamiento y ejercicio profesional, con 10%. El desempeño colectivo, el trabajo en equipo, la ética y los valores tienen una ponderación de 2.5% cada uno.
La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Julia García, expresó preocupación por los criterios que, a su juicio, podrían depender de la relación entre las personas evaluadas, sus superiores y sus compañeros. También señaló que el personal teme que los resultados tengan consecuencias laborales.
El OAJ afirma que la primera aplicación será diagnóstica
El OAJ afirmó que los exámenes de diciembre no implicarán aprobación o reprobación y que sus resultados no tendrán efectos individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial. La finalidad, indicó, es identificar necesidades de capacitación y reforzar conocimientos; la evaluación ordinaria se realizaría después de concluir esas acciones.
La movilización comenzó tras la publicación del acuerdo que regula la evaluación. Mientras el personal pide cambios al esquema por considerar que algunos criterios pueden prestarse a decisiones discrecionales, el organismo defiende el proceso como una obligación legal orientada a fortalecer la capacitación y la impartición de justicia.
