El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el 5 de octubre de 2026 la comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) encargada de coordinar la verificación de integridad de personas aspirantes a cargos de elección popular, al resolver la impugnación promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La resolución determinó que el mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas es compatible con el derecho a ser votada o votado, pues no establece un requisito adicional de elegibilidad ni condiciona el registro de una candidatura.
Revisión voluntaria y con información confidencial
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas recibirá, de manera voluntaria y confidencial, listados de personas aspirantes que acepten someterse a una evaluación de riesgo. La información será canalizada a autoridades de seguridad, procuración de justicia, inteligencia y análisis financiero para identificar posibles vínculos con actividades delictivas.
El INE funcionará como instancia de coordinación y seguimiento, pero no realizará investigaciones ni sustituirá las atribuciones de las autoridades competentes. La decisión final sobre mantener o no una postulación corresponderá a los partidos políticos o a las candidaturas independientes.
La evaluación no impide candidaturas
La identificación de un riesgo razonable no impedirá el registro de una candidatura ni obligará a retirar una postulación. La Corte consideró que el procedimiento tiene un carácter preventivo e informativo, por lo que no constituye una sanción ni equivale a una declaración de responsabilidad penal.
Durante el análisis, la Suprema Corte también destacó la presunción de inocencia y la protección de los datos personales. Las personas aspirantes deberán manifestar su consentimiento para que su perfil sea revisado, mientras que los partidos podrán decidir si someten al análisis la totalidad o solo una parte de sus listas.
Comisión opera rumbo a las elecciones de 2027
La comisión quedó instalada formalmente el 7 de septiembre de 2026 y está presidida por el consejero electoral Arturo Chávez López. El Consejo General del INE aprobó posteriormente los lineamientos para coordinar el procedimiento con instituciones como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El PRI había impugnado la creación del mecanismo con el argumento de que podía afectar la autonomía electoral y el tratamiento de datos personales. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte declaró infundados esos planteamientos y confirmó la validez de la comisión como una herramienta preventiva para el proceso electoral federal 2026-2027.
