La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal informó que inició el procedimiento administrativo para clausurar la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, un plantel privado de Puebla que ofrece educación con un modelo de disciplina de corte castrense y que, según autoridades, opera fuera de la normativa del sistema educativo nacional.
La medida tiene por objeto poner fin a la oferta de servicios educativos bajo la denominación "militarizada", modalidad que la SEP ha considerado no autorizada en el país. En Puebla, la institución señalada es la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), que ofrece niveles desde preescolar hasta bachillerato y mantiene un internado.
Autoridades federales expusieron que la acción se da en el marco de procedimientos administrativos y legales en curso; por eso no se ha difundido la fecha exacta de clausura ni las resoluciones completas mientras se concluye la tramitación correspondiente.
La AMIZ se presenta en su material institucional como una escuela con más de siete décadas de existencia y utiliza uniformes, ceremonias de ascenso y nomenclaturas propias de instituciones castrenses. Fuentes que visitaron el plantel informaron la presencia de personal con indumentaria similar a la militar y señalaron dificultades para acceder a directivos para entrevistas.
La decisión de la SEP ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre las llamadas "academias militarizadas" en México, luego de incidentes en otros planteles y de advertencias sobre la incompatibilidad de modelos formativos con estándares de protección a la infancia y la normativa educativa nacional.
Las autoridades estatales fueron convocadas por la SEP para supervisar escuelas de educación básica y verificar que no existan planteles que ofrezcan servicios bajo la modalidad militarizada. La dependencia federal señaló que, de confirmarse la irregularidad, se procederá conforme a la ley.
Qué sigue: el proceso administrativo determinará si procede la clausura y, de ser así, el calendario y las medidas para atender a la comunidad estudiantil. También se prevé la revisión de registros y permisos que permitan esclarecer la situación jurídica del plantel y definir alternativas educativas para las familias afectadas.
