Una revisión publicada el 5 de noviembre de 2026 reunió 15 escándalos relacionados con presuntas irregularidades en gobiernos de la Cuarta Transformación (4T). El recuento incluye investigaciones, auditorías y denuncias por posibles actos de corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones cuestionadas; sostiene que hasta ahora no hay sentencias firmes contra figuras políticas de alto nivel.
El caso más reciente que destaca es la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), presentada el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre contrataciones del organismo. La salida ocurrió mientras se desarrollaba el proceso electoral 2026-2027 y mientras presuntas irregularidades seguían bajo revisión institucional.
Casos con denuncias e investigaciones
Entre los expedientes mencionados están Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la compra consolidada de medicamentos en Birmex, obras del Tren Maya y la Refinería Olmeca, en Dos Bocas. El recuento también incorpora denuncias relacionadas con la gestión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y contratos atribuidos a dependencias públicas.
En otros asuntos, se citan investigaciones y señalamientos sobre presunto contrabando de combustible, el hospedaje de un hijo de Marcelo Ebrard en la residencia diplomática de México en Londres y las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios. También se incluyen denuncias por el manejo de programas sociales y presuntos conflictos de interés.
Las cifras y el estado de los expedientes varían: algunos casos tienen denuncias penales u órdenes de aprehensión; otros permanecen en investigación o fueron archivados. La existencia de una denuncia, auditoría o investigación no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad penal, y varias de las personas mencionadas han rechazado que hubiera uso indebido de recursos o conflicto de interés.
El reto de convertir expedientes en resultados
El balance plantea una diferencia entre la apertura de investigaciones y la obtención de sanciones definitivas. Un informe sobre procedimientos de fiscalización en el ámbito federal, difundido en 2026, también señaló una baja proporción de sanciones respecto de las investigaciones revisadas, aunque ese universo no equivale exclusivamente a los casos incluidos en este recuento.
La revisión recoge además críticas de especialistas sobre el seguimiento de los expedientes y la capacidad de las instituciones anticorrupción. La resolución de cada caso dependerá de las investigaciones y procedimientos correspondientes; por ahora, las acusaciones y denuncias deben distinguirse de las responsabilidades acreditadas mediante sentencia.
