Integrantes de la colectiva Madres en Resistencia mantenían, al 4 de noviembre de 2026, un plantón y bloqueo frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Exigen avances y justicia en casos de feminicidio y desaparición; por separado, dos mujeres originarias de La Trinitaria se encadenaron en la entrada del inmueble para reclamar atención a un conflicto agrario.
La protesta de la colectiva comenzó en Comitán de Domínguez y se trasladó a las afueras de la Fiscalía, donde, según Adriana Gómez Martínez, se encuentran las carpetas de investigación de los casos que exigen revisar. Gómez, cuya hija de 13 años fue hallada muerta en 2020 dentro de instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas, afirmó que las familias llevan años esperando respuestas satisfactorias.
Gómez también denunció que cuatro compañeras fueron encarceladas y extorsionadas, y que recibieron amenazas para que dejaran de denunciar. Se trata de señalamientos de la manifestante; no se presentan aquí como hechos judicialmente acreditados.
En el reclamo agrario, Irma Vázquez Pérez y otra mujer de La Trinitaria denunciaron presuntos abusos de autoridad, privación ilegal de la libertad y extorsión por parte de autoridades ejidales, según lo expuesto durante la protesta.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que se había invitado en dos ocasiones a las manifestantes a una mesa de trabajo. También aseguró que se respetaría su derecho a protestar y que no habría desalojo ni agresiones.
La movilización mantiene en el centro de la agenda las demandas de familiares de víctimas y de mujeres que piden atención a un conflicto agrario. Las manifestantes reclaman respuestas para sus casos, mientras la Fiscalía plantea el diálogo como vía de atención.
