El órgano de representación del profesorado de la Universidad de Cornell decidió el miércoles 28 de octubre de 2026 avanzar con un voto simbólico de censura contra la administración de la institución por su gestión de la denuncia de una antigua estudiante, quien acusa a siete alumnos de una agresión sexual ocurrida en una casa de fraternidad del campus en 2024.
La votación busca evaluar la confianza del profesorado en la capacidad de la administración central para atender la crisis de agresiones sexuales en la universidad. No tiene facultades para destituir al presidente Michael Kotlikoff, pero podría representar una reprobación pública a su liderazgo.
La votación comenzará el 29 de octubre
El proceso está previsto para comenzar el jueves 29 de octubre y extenderse durante una semana. La resolución responsabiliza a la administración central por su respuesta a la crisis de agresiones sexuales, aunque no señala políticas específicas ni propone la destitución de funcionarios.
Algunos profesores solicitaron aplazar la decisión durante la sesión plenaria. Otros respaldaron avanzar con el procedimiento y señalaron que antiguos alumnos se han puesto en contacto con ellos para relatar experiencias de agresión sexual ocurridas anteriormente en el campus.
Una denuncia que provocó críticas a la universidad
La antigua estudiante, identificada en documentos judiciales con el seudónimo Jane Doe, presentó una demanda en la que acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla agredido sexualmente durante horas en octubre de 2024. También sostiene que Cornell no investigó adecuadamente el caso.
La denunciante afirmó en una carta enviada al claustro que la primera respuesta de Kotlikoff fue cuestionar la veracidad de su relato y preguntarle por qué había esperado para acudir a las autoridades. La universidad ha rechazado que no se hayan impuesto consecuencias relevantes y ha defendido las medidas disciplinarias adoptadas contra estudiantes involucrados.
Investigación estatal en curso
La respuesta institucional también ha sido cuestionada por la actuación de la policía del campus. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó que las declaraciones de la estudiante no fueran trasladadas a los fiscales y designó el 1 de octubre a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para dirigir una investigación criminal sobre el caso.
El voto del profesorado no sustituye las investigaciones judiciales ni determina responsabilidades penales. Su alcance principal es expresar la posición de la comunidad académica sobre la gestión de la administración y presionar para modificar las políticas de prevención, atención e investigación de agresiones sexuales en Cornell.
