Estados Unidos y Ecuador enfrentan llamados para revelar la base legal y las reglas operativas de las acciones realizadas contra ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el océano Pacífico entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026. En esas operaciones fueron detenidos más de 140 de los 160 tripulantes, mientras algunos denunciaron golpes, amenazas y presiones para admitir supuestos vínculos con el tráfico de combustible.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los barcos funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico relacionadas con el grupo criminal Los Choneros. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado públicamente evidencias sólidas que relacionen de manera individual a los pescadores con algún delito.

Detenciones y procesos judiciales

Del grupo de tripulantes retenidos, 90 enfrentan investigaciones penales en Ecuador, 56 fueron liberados después de que jueces declararan ilegal su detención y otros 14 no fueron presentados ante un juez. En distintos procedimientos judiciales, los expedientes revisados no identificaron drogas, combustible u otras pruebas que respaldaran las acusaciones de tráfico o asociación ilícita.

Algunos pescadores afirmaron que fueron inmovilizados, golpeados o amenazados durante los operativos. También denunciaron que permanecieron con los ojos y oídos cubiertos, recibieron órdenes en inglés que no comprendían y fueron obligados a firmar documentos cuyo contenido no pudieron revisar.

Embarcaciones destruidas y respuestas pendientes

Las operaciones incluyeron la destrucción de los barcos interceptados, una medida que pudo eliminar evidencias relevantes para esclarecer lo ocurrido. Estados Unidos ha defendido sus acciones como parte de una estrategia para desmantelar las redes logísticas del narcotráfico, mientras que las autoridades ecuatorianas han participado en la recepción y procesamiento de algunos tripulantes.

El caso se suma a otros incidentes registrados durante 2026. Entre ellos se encuentra la desaparición del pesquero Fiorella, cuya comunicación se perdió el 20 de enero frente a las costas de Manabí; ocho de sus tripulantes continúan desaparecidos. Sus familias han solicitado investigaciones y respuestas sobre la posible intervención de embarcaciones extranjeras.

La exigencia central es que ambos gobiernos expliquen qué normas permitieron interceptar, detener y destruir las embarcaciones, además de investigar las denuncias de abusos y garantizar que cualquier privación de la libertad sea revisada sin demora por una autoridad judicial.