La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantendrá reservados hasta el 31 de mayo de 2029 los nombres de sus funcionarios y cualquier dato que permita identificarlos, debido al riesgo de sobornos, extorsiones, amenazas o atentados por parte de personas investigadas por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
La medida fue establecida por un periodo de cinco años y puede prorrogarse por otro plazo igual, por lo que la reserva podría extenderse hasta 2034 si las circunstancias del caso así lo justifican.
La UIF argumenta riesgos para su personal
La dependencia sostuvo que divulgar los nombres de sus trabajadores pondría en riesgo su seguridad, salud e incluso su vida, debido a que tienen acceso a información relacionada con investigaciones financieras y acciones de prevención de delitos.
De acuerdo con la justificación de la reserva, las personas investigadas podrían buscar a los servidores públicos para obtener información privilegiada, conocer métodos de trabajo o intentar influir en las indagatorias mediante presiones, sobornos o amenazas.
La UIF también señaló que sus funciones están vinculadas con tareas de seguridad nacional y con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y conductas relacionadas.
Funcionarios aparecen sólo con sus siglas
Como consecuencia de esta clasificación, las respuestas a solicitudes de información no incluyen los nombres y apellidos de quienes las elaboran, revisan o autorizan. En su lugar, los documentos muestran únicamente sus siglas.
La reserva también alcanza los datos de contacto y cualquier información que pueda hacer identificable al personal adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera.
La decisión se fundamenta en las disposiciones de transparencia que permiten clasificar como reservada la información cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona.
La medida se mantiene en solicitudes de información
La clasificación comenzó el 31 de mayo de 2024. Desde entonces, la UIF ha aplicado el criterio para evitar revelar la identidad de servidores públicos que participan en la atención de solicitudes relacionadas con las actividades de la institución.
La dependencia cuenta con atribuciones para recibir, analizar y comunicar información financiera relacionada con posibles delitos, por lo que sostiene que la exposición de su personal podría afectar tanto su integridad como las acciones preventivas que realiza.
La reserva permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2029, aunque podrá ampliarse por cinco años más si continúan las condiciones que, según la UIF, justifican proteger la identidad de sus funcionarios.
