El expresidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que la decapitación de su estatua en el Complejo Cultural Los Pinos fue una provocación y una muestra del deterioro de la convivencia democrática en México. La figura fue vandalizada el miércoles 30 de septiembre de 2026 por manifestantes vinculados con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el contexto de una protesta contra el exmandatario.
La estatua se encontraba derribada desde 2025, después de que un árbol cayera sobre ella en medio de fuertes lluvias y vientos. Durante la protesta, los inconformes le desprendieron la cabeza y golpearon la pieza contra el suelo dentro del recinto.
El acto ocurrió después de que Calderón participara en el foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad, organizado por el Partido Acción Nacional. Integrantes del SME se manifestaron previamente frente al hotel donde se realizó el encuentro y expresaron su rechazo al expresidente por la extinción de Luz y Fuerza del Centro durante su administración.
En entrevista, Calderón sostuvo que la agresión contra la estatua buscó provocar una reacción personal y desviar la atención de otros problemas nacionales. “La estatua dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos”, declaró.
El expresidente también cuestionó que la figura permaneciera durante más de un año en el suelo dentro de Los Pinos y señaló que la falta de resguardo permitió que el conflicto escalara. A su juicio, la ausencia de consecuencias frente a actos violentos contribuye a debilitar la autoridad y la seguridad de bienes y personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el ingreso de los manifestantes al complejo cultural y rechazó la intervención contra la estatua. Señaló que no está de acuerdo con ningún acto que represente violencia y consideró que la forma en que ocurrió la protesta pudo constituir una provocación.
El episodio reavivó la disputa política entre el exmandatario y antiguos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quienes mantienen reclamos por la desaparición de la empresa. También abrió un debate sobre la protección de los bienes públicos, los límites de la protesta y la responsabilidad de las autoridades frente a actos de vandalismo.
