Un juez federal de Massachusetts bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración de Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a contar con órdenes de salida o remoción. La suspensión fue ordenada por George O’Toole Jr., del tribunal federal en Boston, mientras continúa el litigio sobre la legalidad de las sanciones.
La medida impide al Gobierno hacer cumplir las multas emitidas bajo ese procedimiento después del 27 de julio de 2025. El juez consideró que las personas demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa aplicada es ilegal y señaló que el cobro de las sanciones podría llevarlas a la insolvencia.
Multas que llegaron hasta 1.8 millones de dólares
Las sanciones civiles pueden alcanzar los 998 dólares por cada día de incumplimiento de una orden de salida o deportación. En algunos casos, los montos acumulados llegaron a cientos de miles de dólares y hasta 1.8 millones.
La demanda fue presentada por dos mujeres inmigrantes, identificadas como Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida. Ambas enfrentaron sanciones elevadas pese a mantener contacto con las autoridades migratorias y utilizar procedimientos legales para solicitar alivio migratorio.
Entre las situaciones señaladas por sus representantes legales se encuentran las solicitudes de ajuste de estatus, el cumplimiento de órdenes de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los casos de personas que afirman no poder regresar de manera segura a sus países de origen.
Cuestionamientos al procedimiento federal
El fallo cuestiona que el Gobierno no haya evaluado de forma suficiente las circunstancias individuales de las personas sancionadas. También mantiene suspendida la normativa federal que modificó la manera de emitir y apelar estas multas.
Los cambios adoptados en 2025 eliminaron la obligación de emitir previamente una notificación de intención de multa y redujeron el plazo para impugnar las sanciones. La controversia continuará en los tribunales mientras se define si el procedimiento utilizado por las autoridades cumple con la legislación migratoria y administrativa de Estados Unidos.
Más de 100 mil personas afectadas
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, la política había afectado a más de 100 mil personas y generado multas por aproximadamente 84 mil millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
La suspensión no resuelve de manera definitiva la demanda, pero evita temporalmente la aplicación de las multas cuestionadas. El litigio deberá determinar el alcance legal de las sanciones y las condiciones bajo las cuales el Gobierno puede imponerlas o cobrarlas.
