El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el 8 de octubre de 2026 un proyecto de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos relacionados con las elecciones federales y locales de 2027. La propuesta buscaba establecer mecanismos para vigilar los gastos de recorridos, eventos, propaganda, encuestas, traslados y actividades de posicionamiento político antes del inicio formal de las precampañas.
La decisión se tomó por mayoría durante una sesión extraordinaria, en medio de diferencias entre las consejerías sobre el alcance de las facultades de fiscalización del Instituto y la necesidad de crear reglas específicas para estas actividades. El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre de 2026 y la jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027.
La propuesta buscaba anticipar la revisión de gastos
Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz defendieron el proyecto con el argumento de que el INE debe contar desde ahora con información sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados en los procesos internos de los partidos y en actividades de posicionamiento político.
Castillo sostuvo que la intención no era declarar ilegales esas actividades ni presumir que constituyen por sí mismas actos anticipados de precampaña o campaña. El objetivo, explicó, era establecer mecanismos para determinar oportunamente si los gastos se ajustan a la normativa electoral y, en su caso, contabilizarlos dentro de los topes correspondientes.
Humphrey señaló que la facultad fiscalizadora del INE es permanente, mientras que Faz planteó la importancia de contar con mecanismos preventivos para identificar posibles ventajas indebidas antes del inicio de las precampañas.
Consejerías cuestionan el alcance jurídico
Las consejerías que votaron en contra cuestionaron la necesidad de crear un instrumento adicional y señalaron que algunas conductas ya pueden atenderse mediante los procedimientos previstos en la legislación electoral vigente.
También expresaron dudas sobre los límites de las atribuciones del INE en materia de propaganda, redes sociales, participación de funcionarios públicos y coordinación con los Organismos Públicos Locales. Además, advirtieron que el proyecto podía generar duplicidades o contradicciones con otras normas y procedimientos sancionadores.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, consideró necesario profundizar el análisis técnico y jurídico, así como construir la propuesta de manera colegiada con todas las consejerías y las representaciones partidistas.
El INE conserva sus facultades de vigilancia
El rechazo no implica que el INE haya perdido sus facultades para investigar y fiscalizar los recursos de los partidos políticos. El Instituto indicó que mantiene sus atribuciones constitucionales y legales, y que la votación tampoco cierra la posibilidad de aprobar lineamientos posteriores sobre los procesos políticos rumbo a 2027.
La discusión continuará mientras los partidos desarrollan actividades internas para definir liderazgos y candidaturas. La precampaña federal para la elección de diputaciones está prevista del 4 de enero al 12 de febrero de 2027.
