El Congreso de Baja California Sur rechazó el martes 27 de octubre de 2026 la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), luego de que la auditoría reportó 15 observaciones pendientes de solventar por un monto de 2.03 millones de pesos.
Durante la sesión, los legisladores instruyeron a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur dar seguimiento a las irregularidades detectadas y presentar las denuncias penales y administrativas que correspondan, así como iniciar los procedimientos necesarios para determinar posibles responsabilidades.
Observaciones pendientes en la CEDH
De acuerdo con la revisión expuesta ante el pleno, la auditoría identificó 20 observaciones preliminares en la cuenta de la CEDH. La comisión logró solventar cinco, mientras que las 15 restantes quedaron pendientes de aclaración y representan el monto observado de 2.03 millones de pesos.
El Congreso también señaló deficiencias documentales, cuestionamientos sobre procedimientos de contratación e incumplimientos administrativos. Además, se indicó que la Auditoría Superior del Estado enfrentó dificultades para obtener información necesaria durante el proceso de fiscalización.
Aprueban cuentas de otros organismos
En la misma sesión, el Congreso aprobó las cuentas públicas de 2024 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Mulegé y el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, aunque los tres organismos mantuvieron observaciones pendientes.
El fideicomiso registró 51 observaciones preliminares y solventó 12, por lo que quedaron 39 pendientes. En el caso del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, de 20 observaciones fueron solventadas ocho y quedaron 12 sin aclarar.
Por su parte, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos solventó 27 de las 39 observaciones realizadas durante la auditoría, mientras que 12 permanecieron pendientes.
Tras la aprobación de los dictámenes, la Auditoría Superior del Estado deberá continuar con los procedimientos de fiscalización y deslinde de responsabilidades relacionados con los hechos y omisiones detectados.
