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Claudia Anaya cuestiona la diferencia entre cifras de homicidios de 2025

La senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya Mota, cuestionó la diferencia de 5 mil 140 registros de homicidios entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para 2025. La legisladora pidió transparentar las cifras y revisar sus clasificaciones; también aclaró que no cuenta con pruebas de una instrucción del Gobierno federal para modificarlas.

El INEGI reportó 29 mil 488 defunciones por homicidio registradas durante 2025, mientras que el SESNSP contabilizó 24 mil 348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Aunque ambas mediciones se refieren a homicidios, sus diferencias de registro y metodología deben considerarse al compararlas.

Anaya advierte sobre posibles diferencias de clasificación

Anaya afirmó que la brecha entre los registros es mayor a la que, según ella, se observaba en años anteriores. Planteó que algunas fiscalías podrían clasificar de otra manera casos de homicidio, como lesiones que derivan en una muerte o fallecimientos cuya causa aún no está determinada; presentó esa posibilidad como una preocupación, no como un hecho demostrado.

La senadora también señaló el caso de Zacatecas: cuestionó que se anuncie una reducción de 70% en homicidios mientras, según su comparación, la diferencia entre los registros para la entidad alcanza 45%. La disparidad entre mediciones, por sí sola, no establece que las cifras hayan sido alteradas deliberadamente.

El Gobierno anunció una revisión de los registros

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se revisaría la diferencia entre las cifras del INEGI y el SESNSP, con atención a los registros de las entidades y sus fiscalías. La discusión ocurre después de la publicación de las cifras definitivas del INEGI para 2025.

Anaya reconoció que los homicidios muestran una tendencia descendente y mencionó detenciones, decomisos y operativos como parte de los cambios en la estrategia federal de seguridad. A la vez, pidió que las autoridades transparenten y, cuando corresponda, corrijan las clasificaciones para que las políticas públicas se apoyen en diagnósticos precisos.

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