La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció el 9 de octubre de 2026 la autorización para construir un nuevo centro penitenciario en el estado con recursos federales. El proyecto busca fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario y se dio a conocer un día después de una riña en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejó 10 personas fallecidas y 16 heridas.
La mandataria señaló que la obra forma parte de las acciones coordinadas entre los gobiernos estatal y federal para atender las condiciones de seguridad y justicia en Sinaloa. También destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad.
Sin monto ni calendario definido
Hasta el momento, las autoridades no han precisado el monto de la inversión, la capacidad del inmueble ni el calendario para iniciar los trabajos. La ubicación también se encontraba en proceso de definición al momento del anuncio.
Posteriormente, la gobernadora indicó que se analizaban propuestas de terrenos y que el presupuesto sería cubierto totalmente por la Federación. El objetivo operativo sería reducir la presión sobre los centros penitenciarios de Culiacán y Mazatlán.
Anuncio posterior a la violencia en el penal de Mazatlán
El anuncio ocurrió después de los hechos registrados el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán. De acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso, nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que acudía a una visita familiar murieron; además, 16 internos resultaron heridos.
La riña provocó la movilización de corporaciones estatales y federales, incluida la Guardia Nacional. Las autoridades informaron que el centro penitenciario quedó bajo control y que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes.
La gobernadora también informó que se mantendría la coordinación con las instituciones federales para revisar las medidas de seguridad en los penales y avanzar en acciones destinadas a proteger a las personas privadas de la libertad, sus familiares y el personal penitenciario.
